LAS AUDITORIA EN LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES - Espada de luz

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PRESENTACIÓN

I. LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN .
1. El sistema preventivo: La integración en la gestión empresarial como requisito de eficacia .
2. La auditoría del sistema en el marco de una prevención integrada en la gestión empresarial .

II. LAS AUDITORÍAS REGLAMENTARIAS DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS
1. Empresas obligadas
2. Plazos
3. Contenido de la auditoría
3.1. Metodología
3.1.1. Participación de los trabajadores o sus representantes
3.1.2. Satisfacción a determinadas exigencias procedimentales y de contenido
3.2. Fases
3.2.1. Preparación
3.2.2. Realización
3.2.3. Informe final y formalización documental del proceso
4. Consecuencias de la auditoría
5. Auditoría de sistemas de prevención mixtos .
6. Auditoría de servicios de prevención mancomunados

III. SUJETOS Y ENTIDADES AUDITORAS .
1. Requisitos exigibles a los profesionales de la auditoría 1.1. Condiciones mínimas: medios humanos y materiales
1.1.1. Medios humanos exigibles para la autorización
1.1.1.1.º El auditor persona física: requerimientos formativos .
1.1.1.2.º Las entidades auditoras
1.1.1.3.º La posibilidad de subcontratar a otros profesionales
1.1.2. La exigencia de medios materiales
1.2. La independencia y neutralidad del auditor o empresa auditora
2. La autorización de la entidad especializada para la realización de la auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales
2.1. Procedimiento administrativo de autorización y de comprobación del mantenimiento de las condiciones de autorización
2.2. El procedimiento administrativo específico —ratione materiae— de autorización
2.3. Solicitud de la persona física o jurídica que pretenda desarrollar la actividad de auditoría ante la Autoridad Laboral competente
2.3.1. Solicitud de informes por la Autoridad Laboral
2.3.2. Resolución de la Autoridad Laboral, autorizando o denegando la solicitud formulada
2.3.3. Justificación, por parte del solicitante, de la efectiva realización de las previsiones contenidas en la petición inicial y nuevos informes
2.3.4. Resolución de la Autoridad Laboral, ratificando o rectificando la resolución provisional
2.4. Comprobación del mantenimiento de las condiciones de autorización
2.5. Expediente de suspensión y denegación de autorización
2.6. Registro
2.6.1. Disposiciones generales
2.6.2. Organización y desarrollo de la actividad registral
2.6.3. Funcionamiento del Registro
2.6.4. Acceso al Registro
2.7. Publicidad
3. Obligaciones contractuales derivadas del deber de auditoría y régimen de responsabilidad

IV. LA RESPONSABILIDAD –ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL– DE LOS SUJETOS Y ENTIDADES AUDITORAS
1. Responsabilidad administrativa
1.1. Sanciones pecuniarias
1.1.1. Por infracciones graves
1.1.2. Por infracciones muy graves
1.2. Sanciones accesorias
2. Otros tipos de responsabilidad
2.1. Responsabilidad civil
2.2. Responsabilidad penal

V. LAS AUDITORÍAS VOLUNTARIAS
1. Auditorías externas
2. Auditorías internas
VI. SISTEMAS DE CONTROL EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1. Administración General del Estado y Administraciones Autonómicas
2. Peculiaridades de los cuerpos armados

BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores a la protección de su salud e integridad, la Ley establece las diversas obligaciones que, en el ámbito laboral, garantizan ese derecho, así como las actuaciones de las Administraciones Públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de tal objetivo. En dicho contexto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) dedica su capítulo IV a establecer los instrumentos con los que han de ser desarrolladas las actividades preventivas necesarias en las empresas como consecuencia de la evaluación de los riesgos, configurando a los servicios de prevención como una de las modalidades más completas de organización para la realización de tal cometido.
Como forma de garantizar la suficiencia y eficacia del sistema, las entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de servicios de prevención ajenos habrán de contar con una acreditación de la autoridad laboral y, de modo paralelo, el legislador establece la obligación de los empresarios de someter su sistema de prevención al control de una auditoría externa cuando no hubieran procedido a una exteriorización total de la prevención.

Bajo tales parámetros, la auditoría se configura como mecanismo de gestión fundamental para detectar los puntos fuertes y débiles del sistema preventivo empresarial (en especial en cuanto hace al grado de integración de la prevención), proporcionando un instrumento objetivo extremadamente útil para afrontar las necesarias correcciones y avanzar en un proceso de mejora continua. De ahí su carácter obligatorio –pese a sonadas excepciones objeto de variadas críticas– y su naturaleza periódica, así como los alicientes a la sumisión voluntaria y la conveniencia de proceder a evaluaciones internas que coadyuven al objetivo final.

En paralelo a lo que hacen otras normas de calidad y medio ambiente, la LPRL define la auditoría como herramienta de gestión, lo que no significa que sólo interese al responsable de la administración y gobierno de la empresa, sino a todos aquellos que participan en el proceso, desde los propios trabajadores hasta la autoridad laboral, pasando por la sociedad en su conjunto por mor de la conexión con cuanto ha venido a denominarse responsabilidad social corporativa. Por ello deviene esencial, tanto su sujeción a determinadas pautas procedimen-tales y reglas metodológicas, como su realización ajustada a unos requisitos de capacidad, personalidad e incluso legitimación, que permitan identificar a quienes la desarrollan como una entidad dedicada a la auditoría y garantizar ciertas condiciones mínimas que avalen la verosimilitud de los resultados y la credibilidad de las conformidades o no conformidades certificadas.
Respecto a lo primero, el art. 5 apartado 3 b) del RD 39/1997, de 17 de enero, hace referencia a las Guías del Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo (INSHT) y su posible utilización con carácter «meramente orientativo», tal y como se indica en las diferentes normas reglamentarias advirtiendo que no tendrán carácter vinculante, si bien el hecho de que hayan sido encomendadas a un organismo público de la Administración del Estado —como órgano asesor en materia de prevención de riesgos laborales—, dota a estas de un carácter oficial, por lo cual los técnicos de prevención así como los auditores habrán de tenerlas muy en cuenta, a no ser que puedan sostener sus actividades y conclusiones en otros documentos de igual reconocimiento y peso (a título ejemplificativo, las «guías o criterios de reconocido prestigio» que vienen a ser documentos elaborados por asociaciones de empresarios, cuyos órganos especializados en prevención elaboran criterios para la ejecución de determinados trabajos). Regulando el contenido de la auditoría de sistemas de prevención existen, por último, varias referencias técnicas, fundamentalmente la Guía del INSHT sobre los «Criterios para la realización de las auditorías del sistema de prevención de riesgos laborales reguladas en el capítulo V del RSP», que hasta el momento no ha sido publicada bajo la apariencia de norma de rango legal, si bien resulta accesible a través de la página web del INSHT, la cual, por su interés, se recopila en el anexo final de la obra.
Por cuanto hace a lo segundo, y dada su trascendencia, la materia ha sido objeto de desarrollo reglamentario expreso a través del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), estableciendo los requisitos de las personas o entidades especializadas para que puedan desarrollar actividades de auditoría o evaluación externa. Merced a tal marco normativo, la actividad auditora deberá ser realizada por personas físicas o jurídicas que posean, además, un conocimiento «suficiente» de las materias y aspectos técnicos objeto de la misma y cuenten con los medios «adecuados» para ello. Ex disposición final primera RSP, con fundamento claro en una serie de razones de eficacia administrativa y con el fin de establecer unos criterios comunes en la determinación de las condiciones para el desarrollo de tales actividades de auditoría —o de entidades formativas con capacidad para certificar los niveles y funciones de cualificación necesaria— se aprueba la Orden de 27 de junio de 1997, en vigor desde el 5 de julio del mismo año, concretando las condiciones mínimas que han de reunir tales personas o entidades con el fin de que puedan cumplir adecuadamente sus funciones, manteniendo un equilibrio entre garantías y medios mínimos.
Dicha Orden Ministerial regula las condiciones que han de reunir las solicitudes de las personas o entidades que pretendan desarrollar las actividades referidas, con un pormenorizado detalle que permita a la autoridad laboral tener suficientes elementos de juicio a la hora de dictar resolución y, finalmente, y directamente unida a esa exigencia de garantía en su funcionamiento establece la comprobación del mantenimiento de las condiciones de acreditación o autorización, de acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Prevención.

En todo caso, y bajo los auspicios de la tan traída «Ley Omnibus», la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, plantea la reforma del régimen jurídico existente, efectuando llamada expresa a una futura regulación reglamentaria de la materia acorde a los nuevos postulados.